MISIONES.UNO | En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, referentes del sector denunciaron que la Ley de Emergencia aún no se aplica, alertaron sobre la suspensión de prestaciones, el deterioro del sistema y el impacto del ajuste, y reclamaron políticas públicas efectivas y un Estado presente que garantice derechos y evite dejar a miles de familias desamparadas.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, referentes del sector advirtieron sobre el deterioro del sistema de atención y la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada este año tras una extensa lucha y ratificada por ambas cámaras del Congreso luego del veto presidencial, pero aún sin vigencia efectiva.

La fecha, instaurada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y adoptada en Argentina en 2000 mediante la Ley 25.346, vuelve a poner en debate la situación de las personas con discapacidad en un contexto que organizaciones, familias y profesionales califican como crítico.

Pablo Recchia, militante histórico en la temática, padre de una mujer con Síndrome de Down y referente de organizaciones vinculadas a la discapacidad, difundió un mensaje en el que planteó que, lejos de ser una jornada de celebración, el 3 de diciembre está atravesado por la pérdida de derechos y la precarización del sistema.

Según describió, el sector observa la suspensión de prestaciones y servicios esenciales, la caída de sistemas de apoyo y la vulneración de normas con rango constitucional. También señaló la aparición de hechos de presunta corrupción vinculados a Pensiones por Discapacidad y una creciente estigmatización hacia las personas con discapacidad y sus familias.

En ese marco, Recchia cuestionó las políticas de ajuste impulsadas “en nombre del déficit cero” y remarcó que las personas con discapacidad “no pueden ser la variable del recorte ni tratadas como ciudadanos de segunda o tercera categoría”.

El referente subrayó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (incorporada al ordenamiento jurídico argentino por la Ley 26.378) y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos. Sin embargo, advirtió que su vida cotidiana “ya es compleja de por sí” y que las políticas actuales la vuelven “más angustiante, violenta e injusta, con mayor precariedad”.

A fines de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un incremento de entre el 29% y el 35% en los aranceles de las prestaciones, a aplicarse en tres tramos entre octubre y diciembre. Si bien la medida fue presentada como un alivio, instituciones y profesionales señalaron que los valores siguen muy por debajo de los costos reales. Estiman que las actualizaciones llegan con un atraso cercano al 70% y advierten que continúan trabajando con recursos insuficientes.

Recchia sostuvo que, en este escenario, muchas familias, prestadores e instituciones realizan “esfuerzos desesperados por subsistir” y que la sensación general es de falta de horizonte y de mayor decadencia del sistema.

Finalmente, reclamó la implementación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la presencia activa del Estado. Planteó la necesidad de políticas públicas específicas y sostenidas que garanticen el funcionamiento de los dispositivos de atención y eviten que miles de familias queden desamparadas. Al mismo tiempo, llamó a “seguir generando conciencia y formación” frente a la desinformación y ratificó que la lucha del colectivo continuará como legado frente a cada nueva injusticia.