MISIONES.UNO | El corresponsal de Crónica TV, Enrique Ortiz, fue agredido durante la cobertura de las auditorías de pensiones en 25 de Mayo; tras un operativo cerrojo, detuvieron a cinco auditores enviados por Nación —entre ellos, Laura Baez, señalada como autora material— y la Justicia instruye una causa por amenazas y lesiones leves.
La tensión por las auditorías de pensiones no contributivas en Misiones derivó este martes en un episodio de violencia en 25 de Mayo. El corresponsal de Crónica TV, Enrique Ortiz, denunció haber sido amenazado, golpeado y sufrir daños mientras cubría el operativo en el salón parroquial de la localidad.
Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a un grupo increpando y agrediendo al periodista en medio del procedimiento impulsado por Nación.
Ortiz radicó la denuncia en la Comisaría Primera de la Unidad Regional V. La Policía abrió una causa contravencional por amenazas y lesiones leves. Con apoyo de las filmaciones, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá ordenó identificar a los involucrados y detener a la principal agresora.
Operativo cerrojo y detenciones
Según informó la fuerza provincial, cinco personas señaladas por su presunta participación se retiraron de 25 de Mayo a bordo de un Chevrolet Prisma gris. Tras un operativo cerrojo, fueron interceptadas en el acceso a Campo Grande, sobre la Ruta Provincial 8.
Los demorados fueron identificados como Luciano Mangone (Mar del Plata), Andrés Baez (Mar del Plata), Caín Iokich (La Plata), Guadalupe Luján Guanes Texeira (Posadas) y Laura Baez (Mar del Plata). De acuerdo con las filmaciones y las primeras averiguaciones, la autoría material del ataque recaería en Laura Baez, sindicada como quien agredió físicamente al reportero. Todos fueron trasladados a la Comisaría de Campo Grande para las actuaciones correspondientes.
Contexto del operativo
El incidente se produjo en un marco ya conflictivo en la provincia: denuncias sobre constancias irregulares, cambios y suspensiones en la programación de auditorías y malestar entre beneficiarios y familias de personas con discapacidad.
Las autoridades judiciales y policiales continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y definir la situación procesal de los detenidos, quienes, según se indicó, integraban el equipo que realizaba auditorías enviadas por Nación.