MISIONES.UNO | El Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad (hasta 31/12/2026) pero suspendió su aplicación vía Decreto 681/2025; el costo estimado asciende a $3,02 billones (0,35% del PBI).
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero postergó su ejecución hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas en el Presupuesto Nacional. La medida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según el texto, la aplicación de la norma se suspende por su impacto fiscal. El Gobierno estimó que la creación de la nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI). A ello se suma el refuerzo para el Programa Incluir Salud —que cubre a titulares de pensiones no contributivas— por $574.200.000.000 en 2025 (0,07% del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12% del PBI), más una compensación de emergencia a prestadores de $278.323.000.000 (0,03% del PBI). En total, la implementación requeriría $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35% del producto.
El Ejecutivo argumentó que el Congreso no precisó cómo se financiarán esas erogaciones, como exige el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, y citó además el artículo 5 de la Ley 24.629 sobre ejecución presupuestaria. Señaló que la autorización al jefe de Gabinete para reasignar partidas “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
En el decreto se remarca que el presupuesto vigente de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar la ley. El crédito disponible sin afectar servicios sociales asciende a $2.302.526.621.430, cifra inferior al costo total estimado. Para ejecutar la norma, sostiene el Gobierno, sería necesario incrementar el presupuesto, lo que solo puede autorizar el Congreso.
La promulgación se produjo tras la insistencia de Diputados y Senadores, que rechazaron el veto previo del Ejecutivo (Decreto 534/25) y forzaron su puesta en vigencia conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. La comunicación fue remitida al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas presupuestarias que permitan implementar efectivamente la emergencia en discapacidad.